La Corte Suprema de la India reprendió el lunes al gobierno de Andhra Pradesh, acusándolo de inflamar una disputa sobre el presunto uso de productos animales en dulces preparados para el famoso templo de Tirupati, al acudir a los medios de comunicación sin pruebas de irregularidades.
La semana pasada, el Ministro Principal del estado sureño, N. Chandrababu Naidu, afirmó que los “laddus” que se sirvieron a los devotos, principalmente vegetarianos, en el templo Sri Venkateswara estaban contaminados con grasa animal. Los laddus son dulces que se utilizan tradicionalmente como ofrenda religiosa en el hinduismo.
Citó informes de laboratorio que indicaban que el ghee (mantequilla clarificada) utilizado para preparar los dulces contenía “sebo de res, aceite de pescado y otras impurezas”. La acusación causó un gran revuelo, ya que el templo de Tirupati es uno de los lugares más sagrados del hinduismo. El destacado sacerdote Swami Avimukteshwaranand Saraswati calificó el escándalo como un “ataque a los sentimientos hindúes” y a la fe de millones de personas.
En respuesta, la Corte Suprema enfatizó que se espera que quienes ocupan cargos constitucionales “ejerzan moderación”.
“Esperamos que los dioses se mantengan alejados de la política… A primera vista, no hay pruebas concretas en esta etapa que demuestren que se utilizó ghee adulterado en los laddus”, dijeron los jueces Bhushan R Gavai y KV Viswanathan.
Los jueces señalaron que había al menos cinco proveedores de los dulces y que sólo se encontró contaminación en el producto de uno de ellos. El tribunal cuestionó la necesidad de divulgar los resultados preliminares de laboratorio a la prensa antes de completar la investigación y advirtió que tales acciones podrían inflamar aún más la ira pública.
Naidu afirmó que la administración anterior, liderada por el Partido del Congreso YSR, había permitido el uso de grasa animal en el ghee, una afirmación que el partido ha negado vehementemente, acusando al ministro principal de Andhra Pradesh de explotar cuestiones religiosas para obtener beneficios políticos.
La Corte Suprema ha programado otra audiencia para el 3 de octubre, en la que decidirá si permite que un Equipo Especial de Investigación designado por el Estado continúe su investigación o utiliza una agencia independiente.