La reforma al Poder Judicial propone elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema a través del voto popular, en elecciones que se llevarían a cabo en 2025.
Tras una extensa jornada de debates, el Senado mexicano aprobó este miércoles la reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma fue aprobada con 86 votos, equivalentes a dos tercios de los 127 senadores presentes en la cámara alta del Congreso mexicano, que es dominada por el partido oficialista Morena y sus aliados.
La sesión del Senado fue suspendida por la irrupción de manifestantes contra la reforma judicial en la sede del cuerpo legislativo, quienes entonaron gritos contra los senadores que apoyaban la iniciativa y el presidente mexicano.
Tras la interrupción de cientos de personas, el presidente del Senado, Fernández Noroña, informó que el debate se reanudaría en la antigua sede de ese Parlamento, conocida como la Casona de Xicoténcatl.
La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados señalaba que sólo se requerían 85 votos de los 128 votos para la aprobación de la reforma judicial.
Por el contrario, para la oposición la propuesta requería el voto de 86 senadores, un número que las fuerzas leales a López Obrador no tenían asegurado en la previa.
Qué implica la reforma judicial
La reforma al Poder Judicial propone elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema a través del voto popular, en elecciones que se llevarían a cabo en 2025.
También contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados, se vinculen al del presidente de la República y se reduzcan sus prestaciones.
Además, aspira a que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también electos por voto popular.
Desde que fue presentada por el presidente López Obrador en febrero pasado, la reforma judicial generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial.
Los sectores de oposición, abogadas, especialistas y organizaciones no gubernamentales, han denunciado que la reforma pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales.
Por el contrario, López Obrador y los defensores de la reforma aseguran que servirá para terminar con la corrupción y los privilegios del Poder Judicial.