Una investigación pública ha descubierto “décadas de fallos” del gobierno que contribuyeron a la pérdida de vidas en el incendio de 2017.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se disculpó con las familias de las víctimas del incendio de la Torre Grenfell de 2017, después de que una investigación oficial encontrara fallos sistemáticos en las políticas de regulación del gobierno.
El incendio en un bloque de viviendas sociales de 24 plantas en North Kensington, Londres, mató a 72 personas, 18 de ellas niños. La tragedia provocó una gran indignación y muchos acusaron a las autoridades de descuidar las normas de seguridad contra incendios en Grenfell.
La investigación pública, cuyos resultados se publicaron el miércoles, confirmó que múltiples fallas del gobierno habían contribuido al desastre, incluido el uso de aislamiento exterior combustible por parte de las empresas de construcción.
“Quiero decir muy claramente, en nombre del país, que se les ha defraudado muchísimo antes, durante y después de esta tragedia”, dijo Starmer en la Cámara de los Comunes. Reiteró las palabras de Martin Moore-Bick, quien dirigió la investigación, al decir que “todas las muertes que ocurrieron eran evitables”.
El gobierno dejará de conceder contratos a las empresas criticadas en el informe de Moore-Bick, afirmó el líder laborista. No obstante, señaló que en el Reino Unido todavía se utilizan revestimientos inseguros y que “la velocidad con la que se está abordando este problema es demasiado, demasiado lenta”.
Moore-Bick afirmó en su informe que la culpa recae en los contratistas privados, las autoridades locales y el gobierno en general. Las empresas demostraron una “deshonestidad sistemática” y “ejercieron estrategias deliberadas y sostenidas para manipular el proceso de pruebas”, afirmó.
Las autoridades locales no tomaron durante años “medidas básicas para garantizar que los certificados que emitían fueran técnicamente exactos”.
Mientras tanto, el gobierno fue culpable de “décadas de fracaso” en su esfuerzo por reducir las regulaciones para las empresas privadas, a pesar de conocer perfectamente los riesgos del aislamiento combustible, concluyó la investigación.
Si bien el informe formuló recomendaciones destinadas a prevenir desastres similares en el futuro, sus conclusiones no pueden utilizarse directamente para procesar a los implicados.
En 2020, el Fiscal General dictaminó que ninguna prueba oral presentada antes de la investigación podría utilizarse en procedimientos penales posteriores, siempre que no se diera ningún testimonio falso.
En una declaración en respuesta al informe, la Policía Metropolitana señaló que su investigación sobre el incendio es totalmente independiente de la investigación pública. La investigación penal “opera bajo un marco legal diferente y, por lo tanto, no podemos simplemente usar las conclusiones del informe como evidencia para presentar cargos”, dijo el subcomisario adjunto Stuart Cundy el miércoles.
Al comentar sobre la duración de la investigación, Cundy destacó que la policía “tiene una oportunidad” de hacer bien la investigación, y que llevará al menos dos o tres años más. Hasta el momento, nadie ha sido acusado en relación con la tragedia.