El sistema de acogida de Canarias lleva meses saturado y con el temor de que la situación se agrave ante la previsión de nuevos flujos migratorios en septiembre. Hace tiempo que el archipiélago pide medidas al Gobierno central, a quien acusa de desentenderse de la crisis migratoria y no aportar recursos ni soluciones reales a un problema que amenaza con agrandarse.
La situación es similar en Ceuta, desde donde también se ha lanzado una llamada de auxilio ante la imposibilidad de hacer frente a la acogida de las personas migrantes que han ido entrando en las últimas semanas. Respecto a estas mismas fechas el año pasado, las llegadas se han disparado un 126% en las islas y un 173% en la ciudad autónoma.
Con el objetivo de abordar este asunto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a La Palma para reunirse con el dirigente canario, Fernando Clavijo, quien le urgirá a que movilice los recursos suficientes para paliar una “emergencia” que sostiene que irá a más. Esta reunión se ha anunciado después de que el PP cargase contra el jefe del Ejecutivo por haber fechado para la semana que viene un viaje a Mauritania, Gambia y Senegal -desde donde embarcan cientos de migrantes irregulares que llegan a Canarias- sin haber concertado una cita con el mandatario insular.
iegún ha aseverado el propio Clavijo en una rueda de prensa, las previsiones más optimistas hablan de 3.000 menores migrantes no acompañados que llegarán a las islas en los próximos meses, frente a las más pesimistas que auguran 7.000 nuevas llegadas. “Si llegara ese número, estaríamos en una situación de auténtico caos a la hora de poder recibirlos”, advierte el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil.
Candil recuerda que Canarias ya ha tenido que recurrir a medidas drásticas para poder asumir la acogida de los menores migrantes no acompañados, como la instalación de una carpa temporal en Lanzarote, pese al rechazo de la Fiscalía y algunas entidades sociales.
“Cada vez cuesta más encontrar espacios adecuados y a un número de profesionales con un perfil apto para poder atender a los menores”, subraya. El viceconsejero reconoce que tener que trasladar a los menores migrantes a esas carpas tampoco es plato de buen gusto para el Ejecutivo canario, pero argumenta que es una solución tomada tras sentir que el Estado está dejando a Canarias “sola” frente a “la mayor crisis migratoria que ha habido en la historia de España”.
Según cuenta Candil, tras haber descartado a los que se han identificado como mayores de edad, el archipiélago acoge ahora a 5.200 menores migrantes que, sumados a 1.800 nacionales, serían unos 7.000 niños y adolescentes tutelados solo en las islas. “Un número brutal para cualquier red de protección”, sentencia.
Por ello, de la reunión de este viernes, Canarias espera también poder recuperar y poner sobre la mesa algunas propuestas que ya se debatieron al comenzar el verano, como la reforma de la ley de extranjería impulsada por el PSOE que imponía una “solidaridad obligatoria” a las comunidades para la distribución de los menores migrantes.
Entonces la iniciativa no salió adelante por el voto en contra del PP (que cogobierna en el archipiélago junto a Coalición Canaria), Junts y Vox, pero el Gobierno autonómico espera que puedan retomarse las conversaciones para establecer un mecanismo de corresponsabilidad en la acogida de migrantes en todo el territorio nacional.
Ceuta: “Estamos al límite”
Ceuta se ha unido este martes al grito de ayuda de las islas, y ha pedido al Gobierno un nuevo plan de contingencia para aliviar la presión migratoria, similar al que ya se impulsó en febrero para reubicar a un número concreto de menores migrantes no acompañados. El consejero de presidencia y gobernación, Alberto Gaitán, ha explicado en rueda de prensa que solo en el mes de agosto han llegado a la ciudad 163 menores no acompañados, frente a los 16 que se registraron en el mismo periodo del año pasado.
Estamos en torno a los 600 menores que han llegado a la ciudad de Ceuta en este 2024. Esta circunstancia es una situación que nos lleva al límite de nuestras capacidades y los recursos se encuentran en una situación de desbordamiento”, ha alertado, antes de contar que comunidades como Andalucía, Extremadura o Navarra ya han mostrado su predisposición a colaborar para destensar la situación.
“Falta de voluntad política”
Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las principales ONG que trabajan en los territorios de llegadas, la saturación de los sistemas de acogida responde a una “falta de voluntad política” por parte de las instituciones. “Es un problema que en primer lugar tiene que ver con deficiencias legales, por eso defendemos un cambio de ley; pero que también es una falta de voluntad, porque lo razonable hubiera sido que se hubieran puesto de acuerdo y haber dedicado más recursos porque se sabe que hay un déficit de plazas en este ámbito”, apunta a este periódico el director de la entidad, Mauricio Valiente
La modificación de la ley de extranjería que finalmente no salió adelante, representa, según Valiente, una oportunidad perdida de empezar a poner sobre la mesa soluciones y alternativas al problema migratorio que viene experimentándose, por lo menos, desde el año pasado. Aunque la norma, sostiene, tendría que haber sido el paso previo a “un acuerdo entre todas las comunidades autónomas para atender a estas personas que requieren de una atención familiar”.
El director de CEAR recuerda que han propuesto en más de una ocasión recuperar los Creade (Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania), que resultaron ser muy efectivos para atender a las personas que huían del conflicto entre Rusia y Ucrania. “Pedimos que se habiliten también para el resto de nacionalidades, pues demostraron que implicaban una gran agilización de todos los trámites, que a veces es lo que más se echa en falta. Una respuesta en tiempo real respecto a la documentación”, defiende.
El PP registra su propia iniciativa
Mientras tanto, y entre reproches de “inacción” al Gobierno, el PP registró este martes una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso, en la que, entre otras cosas, insta al Gobierno a reforzar el control de las fronteras españolas con un aumento de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pedir a Europa “el despliegue de Frontex”, y a mejorar la dotación de la vigilancia en costas con nuevas herramientas como drones.
Los populares exigen también un fondo de contingencias suficiente para apoyar a las comunidades autónomas saturadas en crisis migratorias como la actual, y la posibilidad de que se puedan habilitar las infraestructuras que estén “en desuso y cerradas” para atender a los migrantes hasta que se resuelva su situación administrativa.