Los Veintisiete han logrado este jueves un acuerdo político sobre el futuro mecanismo de crisis que obligará a los gobiernos a apoyar en la acogida de demandantes de asilo a socios desbordados por la presión en su frontera, pero que entierra las cuotas obligatorias de reubicación al defender una ‘solidaridad a la carta’ que prevé distintas formas de compensación financiera para eludir la reubicación en su territorio.
Así ha quedado patente en la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea que se celebra en Bruselas y que ha servido para constatar en sesión pública que, a pesar de no haber unanimidad, sí existe un apoyo suficiente para adoptar el último borrador que presentó la víspera la presidencia de turno española. Sin embargo, el pacto no puede ser formalizado hasta que se cierren los flecos aún abiertos en una reunión a nivel de embajadores en las próximas horas, según advierten fuentes diplomáticas.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha constatado que hay una “mayoría incuestionable” que respalda la última versión del documento, por lo que ha informado al resto de socios de que el dosier pasa a manos de los embajadores para que concluyan el proceso y “exploren el mandato para poder negociar con el Parlamento Europeo”.
Tras los últimos contactos técnicos a lo largo de toda la mañana de este jueves en Bruselas, en el debate a Veintisiete han intervenido varios ministros para aclarar la posición de su país, con la intervención clave de la ministra alemana, Nancy Faeser, quien ha anunciado que Alemania levantaba sus reservas, lo que en la práctica supone asegurar una mayoría cualificada.
Fuentes europeas han matizado que quedan detalles por finalizar a nivel técnico y que no se puede dar por cerrado el mandato mientras no lo refrenden los embajadores, porque el equilibrio entre las distintas sensibilidades es “muy ajustado” y cualquier variación podría dañar el entendimiento.
Otras fuentes añaden que Italia, país que de salida daba su apoyo a la propuesta, ha pedido ahora más tiempo para valorar los cambios que afectan a la actividad de las ONG en alta mar y, al margen de que ello pueda alterar las mayorías, no es deseable un acuerdo que deje fuera a uno de los países más afectados por la presión migratoria.
La falta de consenso sobre este expediente se había convertido en el último escollo para que el Consejo y el Parlamento Europeo pudieran negociar la versión definitiva del Pacto de Migración y Asilo que quieren cerrar antes de que concluya la legislatura en junio de 2024.
El enfoque general de los 27 no puede quedar refrendado en la misma reunión de ministros por una cuestión de forma que complica modificaciones del orden del día en el último momento, pero fuentes europeas explican que se hará en una reunión a nivel de embajadores a lo largo de la tarde de este mismo jueves.
Tras un primer intento el pasado julio que no logró los apoyos suficientes, la presidencia de turno que ejerce España este semestre presentó el miércoles un nuevo borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, que mantiene la idea de ‘solidaridad a la carta’ que ya incluyó Bruselas en su propuesta inicial de reglamento.
El documento, no obstante, evita la referencia a deportaciones “patrocinadas” que planteó la Comisión Europea en su momento; pero ofrece un menú con varias alternativas para quienes no acepten la acogida de un cupo de demandantes de asilo, por ejemplo pagando compensaciones para costear la acogida en el país de llegada o para financiar deportaciones.