El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha defendido este lunes el plan del Gobierno para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo, anticipando que los vuelos despegarán rumbo al país africano en menos de tres meses “pase lo que pase”, si bien el polémico marco legal sobre el que pivotará esta iniciativa aún está pendiente del visto bueno del Parlamento británico.
Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas ‘tories’ para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del canal de la Mancha.
Sin embargo, la nueva ley sigue atascada en el Parlamento, según Sunak por la falta de voluntad de la oposición laborista y por el bloqueo de la Cámara de los Lores, que ha introducido una serie de enmiendas sobre las que este mismo lunes debe pronunciarse la Cámara de los Comunes –previsiblemente, el texto volverá a su redacción original–.
El ‘premier’ da por “agotada” la paciencia de los británicos, “hartos” a su juicio de quienes “intentan bloquear esta política”. En este sentido, ha defendido que el Gobierno ha cumplido su parte y está ya a la espera de que se culminen los trámites parlamentarios para comenzar con las deportaciones.
En cuando la ley se apruebe, iniciaremos el proceso de expulsión de aquellas personas identificadas para el primer vuelo”, ha explicado. Ha evitado dar detalles de los aviones que pretenden fletar las autoridades o de la fecha exacta en la que pueden comenzar las expulsiones, si bien ha esbozado un marco temporal de “entre diez y doce semanas”.
“PRIORIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL”
Sunak se ha mostrado “confiado” sobre la legalidad del nuevo plan, incidiendo en que respeta las obligaciones internacionales de Reino Unido, pero ha deslizado de nuevo la posibilidad de desligarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si adopta algún tipo de decisión al respecto.
“No vamos a permitir que un tribunal extranjero (…) impida que los aviones despeguen”, ha zanjado, durante una rueda de prensa en la que ha llamado a “priorizar la seguridad nacional” por encima de cualquier otra consideración de índole política o jurídica.
Sobre el papel que desempeña Ruanda, país al que el nuevo tratado cataloga como seguro, el primer ministro de Reino Unido ha destacado las buenas relaciones bilaterales y los esfuerzos de las autoridades ruandesas para llevar a cabo el plan. Han hecho “absolutamente todo lo necesario”, ha esgrimido.
Sin embargo, la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el alcance de la medida y este mismo lunes un grupo de relatores de Naciones Unidas ha cuestionado el papel de las aerolíneas y de las administraciones de aviación civil, advirtiendo de que podrían ser consideradas “cómplices” de violar el Derecho Internacional si facilitan de alguna manera las deportaciones.
En particular, afirman que no hay garantías suficientes de que los migrantes vayan a ser tratados conforme a los protocolos internacionales, por ejemplo aquellos relativos a la protección frente a torturas o malos tratos.