Venezuela “expresa su más enérgica protesta” por la violación de las normas del Derecho Internacional por parte de EE.UU. y Argentina.
El Gobierno de Venezuela denunció este jueves las acciones de vandalismo ejecutadas por Estados Unidos (EE.UU.) al despedazar el avión de la Empresa de Transporte Aerocargos del Sur (Emtrasur S.A.), en complicidad con el Gobierno de Argentina.
Un comunicado difundido en X por el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, destaca que la nación suramericana “expresa su más enérgica protesta y denuncia una vez más ante la Comunidad Internacional, la violación de las normas del Derecho Internacional por parte del Gobierno estadounidense y argentino”.
En este sentido, subraya que ambos países “perpetraron el robo del avión de Emtrasur, en flagrante desconocimiento de las disposiciones del Convenio de Avicación Civil Internacional”, que fue rubricado en Chicago el 7 de diciembre de 1944.
Al respecto, Venezuela indica que con esta acción se colocó en riesgo la seguridad aeronáutica y la calificó de un “acto de piratería”, que puede ser considerado el más “miserable de la historia de la región”.
El texto del comunicado asegura que Venezuela pondrá en práctica todas las medidas de corte jurídico, diplomático y político para salvaguardar los derechos que le asisten en su soberanía y la defensa de los bienes patrimoniales.
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, también denunció el vandalismo del fue objeto el avión en territorio estadounidense.
“Le quitaron los colores de la bandera, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi y luego lo picaron en pedazos. Ese es el odio que le tienen a la Venezuela revolucionaria y bolivariana”, escribió en su cuenta de la red social X.
El 6 de junio de 2022, la aeronave de Emtrasur, filial de Conviasa, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ezeiza pero la Justicia argentina secuestró el avión, a pesar de que no hallaron nada ilegal o vinculado a presuntos actos de terrorismo ni en su interior ni en los 19 tripulantes, que también fueron retenidos.
A mediados de septiembre de ese año, 12 tripulantes fueron autorizados a salir de Argentina, dos lo hicieron a fines de ese mes, y el resto en octubre, pues los jueces no encontraron pruebas contra ellos.
En diciembre de 2023, la fiscal federal argentina de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (Digcri), Diego Solernó, decidieron prolongan el secuestro de la aeronave en territorio argentino.
A inicios de enero del presente año, se conoció la decisión del juez federal Federico Villena con la que se consumó el robo del avión por parte del Gobierno estadounidense.