Los residentes de la UE deben mantener los niveles reducidos de consumo de gas natural impuestos a raíz de las sanciones dirigidas al sector energético de Rusia, según un borrador de propuesta del Consejo Europeo publicado el martes.
La propuesta establece que los niveles de uso al menos un 15% por debajo de la demanda promedio (medida entre abril de 2017 y marzo de 2022) deberían mantenerse de forma voluntaria durante un año más. Esto a pesar de afirmar que las reducciones emprendidas hasta ahora –o una tasa aún más severa del 18%– habían logrado muchos de los objetivos de la propuesta original.
A pesar de que la oferta diversificada, los precios más bajos y estables y las mayores reservas de almacenamiento “benefician la competitividad de la economía de la UE”, el Consejo afirma que los recortes deben continuar durante un año más. La propuesta también señala que tal restricción también empujaría a la UE hacia emisiones netas de carbono cero.
Si los residentes de la UE o sus líderes no estuvieran dispuestos a reducir su consumo de combustibles fósiles, la resolución permite que los recortes “voluntarios” sean obligatorios, eliminando cualquier riesgo de echar por tierra el concepto por completo con uno o dos países que se resisten.
Bruselas confirmó recientemente que un acuerdo de tránsito de gas por gasoducto de cinco años a través de Ucrania con la rusa Gazprom no se renovaría cuando expire a finales de marzo.
A pesar de aprobar 13 paquetes de sanciones desde 2022 en un esfuerzo por castigar a Rusia por su operación militar, la UE aún compró casi 30 mil millones de euros en petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural del país el año pasado.
Al mismo tiempo, Alemania, tradicionalmente la economía más fuerte de la UE, está en crisis, con el 15% de sus empresas en dificultades, informaron los consultores Alvarez & Marsal a principios de este mes. Muchos analistas culpan a los altos costos de la energía y predicen que lo peor está aún por llegar, con una crisis inmobiliaria acechando a medida que las empresas que ya no pueden permitirse pagar por su espacio de oficinas están en mora, entre otros efectos secundarios.