Lula cree que los ataques del 8 de enero no habrían sido posibles sin la intervención de Bolsonaro
La Policía Federal de Brasil ha lanzado este jueves una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados, entre ellos el exministro de Defensa Walter Braga Netto, por su supuesta implicación en una trama golpista para mantenerle en el poder tras las elecciones de octubre de 2022.
Los agentes han irrumpido este jueves en la casa de Bolsonaro en Angra dos Reis, en Río de Janeiro, para llevar a cabo los registros, al mismo tiempo que le han dado un plazo de 24 horas para que entregue voluntariamente su pasaporte.
Además de la retirada de pasaporte de todos los sospechosos, entre las medidas cautelares también está la prohibición de salir del país, de comunicarse entre ellos y la suspensión de sus funciones públicas.
“Salí del gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable. Olvídenme, ya tienen a otro gobernando el país”, recoge el diario ‘Folha de Sao Paulo’ que protestó Bolsonaro durante la operación policial.
La Policía ha ejecutado una treintena de órdenes de registro y otras cuatro de prisión preventiva, entre ellas las de dos antiguos asesores de Bolsonaro, Filipe Martins y el coronel Marcelo Camara, y la del mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército, Rafael Martins, en el marco de la operación ‘Tempus Veritatis’.
Entre los investigados está el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, quien ha sido arrestado después de que los agentes que registraban su domicilio en Brasilia hallaran un arma de fuego cuya documentación había vencido.
La lista de ilustres detenidos la completan también el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el antiguo titular de Justicia Anderson Torres –quien ya estuvo en prisión varios meses tras los ataques del 8 de enero– el excomandante de la Marina, el almirante Almir Garnier, y el exjefe del Gabinete de Seguridad, el general Augusto Heleno Ribeiro.
“NO ESTABA PREPARADO PARA PERDER”
Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha asegurado que está convencido de que los ataques del 8 de enero no habrían sido posibles sin la participación de Bolsonaro, en la que ha sido su primera reacción tras el inicio este jueves de la operación policial.
El ciudadano que estaba en el Gobierno no estaba preparado para perder, no estaba preparada para salir. Tanto es así que no tuvo ni el coraje de darme el relevo. Se quedó en casa llorando porque se fue para Estados Unidos”, ha recordado Lula durante una entrevista para Rádio Itatiaia.
“Él ha tenido que participar en esa construcción de intento de golpe (…) No sé, pero creo no hubiera ocurrido son él”, ha dicho Lula, que si bien pide respetar la presunción de inocencia de Bolsonaro, confía en que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de aquellos hechos.
PLAN GOLPISTA
De acuerdo con la investigación, los sospechosos difundieron teorías infundadas de fraude en las elecciones de 2022 antes de que se celebraran con el objetivo de legitimar una intervención militar posterior.
La trama constaría de dos partes, una primera llevada a cabo por las llamadas ‘milicias digitales’, encargadas de difundir a través de los medios y las redes sociales las supuestas irregularidades del proceso electoral, mientras que en la segunda, que contaría con el aval de algunos militares, se concretaría la asonada.
La investigación de la Policía halló un ‘borrador’ golpista en el que se contemplaba los arrestos de los jueces del Tribunal Supremo Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, así como el del presidente del Senador, Rodrigo Pacheco
La Policía sostiene que Bolsonaro pidió retirar los nombres de Pacheco y Mendes, no así el de De Moraes, cuya agenda estaba detallada en ese borrador para que pudiera ser en todo momento seguido y en caso de golpe, arrestado.
Asimismo, descubrieron que los militares afines presionaron a los que se mostraban contrarios y que el entonces asesor de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid –su nombre aparece en otras causas que implican al expresidente–, recibió 100.000 reales (18.000 euros) para sufragar los gastos que pudieran ir surgiendo.