El Gobierno de Venezuela ha tachado este viernes de “disparatada” la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que refrenda las sanciones adoptadas por la represión en el país sudamericano y se reserva el derecho de adoptar “todas las acciones jurídicas, diplomáticas y políticas” que considere necesarias como respuesta.
Caracas, a través del Ministerio de Exteriores, “rechaza categóricamente el adefesio jurídico, carente de la más mínima racionabilidad”, como consta en un comunicado en el que vuelve a señalar que las medidas adoptadas desde la UE suponen una decisión “abusiva e ilegal”, que contravendría que el Derecho Internacional.
En este sentido, acusa al tribunal, “de claro corte neocolonialista e imperial”, de dar pábulo a la supuesta potestad de la UE de “intervenir en asuntos internos y adoptar medidas coercitivas unilaterales” contra terceros países. “Esta decisión contradice siglos de jurisprudencia y doctrina pacífica de Derecho Internacional que han permitido la consolidación y desarrollo de los principios que rigen las relaciones entre los Estados, como lo son la libre determinación y la no injerencia”, ha advertido el departamento que encabeza Yván Gil.
El Ministerio de Exteriores venezolano ha instado a la UE a abandonar “de una vez por todas” la “abominable soberbia que caracteriza sus relaciones con los pueblos, que antes dominó por la fuerza y hoy pretende controlar y expoliar económicamente, instrumentalizando la justicia con fines políticos”.
El TGUE se pronunció el miércoles de esta semana precisamente a raíz de un recurso de Venezuela, para concluir que las sanciones eran válidas tanto en fondo como en forma, entre otras razones porque el Consejo Europeo sí podía entender que los castigos estaban justificados. Se basó, según la corte, “en información fidedigna y fiable para apreciar la situación en Venezuela, sin que este país haya demostrado que los hechos invocados adolecieran de inexactitudes materiales”.
Tal es así, que el Consejo estaba en su derecho de determinar, “sin incurrir en error manifiesto de apreciación”, que “en Venezuela se estaban menoscabando la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos”, según los jueces.